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Martes, 04 de julio de 2006

Ana Cano. Presidente de la Academia de la Llingua: «El informe del Consejo Consultivo sobre el asturiano es un despropósito»

«Es inconcebible que se atreva a cuestionar su existencia como lengua»

Oviedo, P. R.
El informe elaborado por el Consejo Consultivo del Principado sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y la posibilidad de incluir la oficialidad del asturiano, respecto a la que se declara poco favorable, ha indignado a los defensores de la lengua asturiana. Ana Cano, presidenta de la Academia de la Llingua y decana de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo, lo considera «alarmista y profundamente tendencioso».
-¿Qué opina la Academia del informe sobre el bable?
-Nos parece un despropósito. Los autores se atribuyen unas competencias que no les corresponden. Hacen, en varias ocasiones, juicios de valor que no vienen al caso, siempre de una manera absolutamente sesgada, esforzándose en querer demostrar los supuestos problemas, de todo tipo, que acarrearía la cooficialidad de la llingua asturiana. Otras veces, hacen interpretaciones lingüísticas y sociolingüísticas con errores de bulto tan graves que supondrían un suspenso seguro para cualquier alumno de primer curso de Facultad. Da la impresión de que se pidió sabiendo de antemano cuál iba a ser la respuesta. Tanto el proceder como los resultados resultan lamentables. No sólo es alarmista, sino profundamente tendencioso.
-Los autores consideran el asturiano un tema conflictivo. Afirman que su inclusión en el Estatuto actual «no fue pacífica», y alertan sobre los problemas que subyacen en su regulación jurídica. Por otro lado, se preguntan qué es y cuál es la realidad de su expresión en la sociedad asturiana.
-Los asturianos quieren un futuro bilingüe para Asturias. Los estudios sociolingüísticos confirman una y otra vez que una amplia mayoría de la población está a favor de la cooficialidad de la lengua asturiana y de que las dos lenguas convivan en igualdad pacíficamente. Los que parecen no estar de acuerdo con ello son las élites políticas y los miembros de este Consejo, de algunos de los cuales son conocidos sus posicionamientos en contra del asturiano. Es inconcebible que se atrevan, a estas alturas, a cuestionar la existencia del asturiano como lengua. Que el asturiano es una lengua lo dice ya la legislación que el propio Parlamento asturiano nos dio, la existencia de una Academia de la Llingua Asturiana, la propia Universidad, la comunidad científica internacional, la UNESCO y hasta el International Committee for the Safeguarding of Linguistic Rights in Asturies (ICSLRA)..., por no citar más que algunos ejemplos. Y, desde luego, la Constitución Española no diferencia unas lenguas de otras. En este punto es clara. No hay lenguas de primera y de segunda.
-No hay tal lengua, según el informe sino un «conjunto de modalidades lingüísticas», entre las que incluye el gallego-asturiano. ¿El hecho de que existan variantes de una lengua la invalidan como tal?
-¿Cómo se atreven a decir que el asturiano no es una lengua? ¿Con qué argumentos filológicos o lingüísticos? ¿Acaso lo hacen con el mismo rigor científico con el que dicen que el gallego-asturiano es una modalidad lingüística del asturiano? Todas las lenguas tienen variantes. Algunas muchas más que el asturiano, por ejemplo, el castellano o el catalán. La riqueza dialectal no está reñida con la unidad de la lengua. Y esto la Academia lo tuvo siempre muy presente. De ahí que su normativa sirva tanto para la lengua estándar como para cualquiera de sus variantes dialectales.
-¿Por qué insisten en que la normalización lingüística ha de preceder a la jurídica?
-Si a lo que se refieren es a la normativización lingüística o codificación deberían de saber que ésta ya está hecha (ortografía, gramática, diccionario...) y, por cierto, perfectamente valorada por la filología internacional y aceptada por sus usuarios. Ahora bien, si a lo que se refieren es a la normalización social, ello resultaría una curiosa manera de entender el funcionamiento de una sociedad por parte de los que no quieren una norma jurídica para la lengua. Hablar de que la normalización social debe preceder a la jurídica, es tanto como decir que no quieren la normalización, porque saben que esa normalización no es posible sin un marco jurídico que la respalde y porque saben también que ese marco jurídico no puede ser otro que el de la cooficialidad. En todas las comunidades con lengua propia primero fue la declaración de oficialidad y después las leyes de normalización.
-Muchos asturianos hablantes de la llingua, se quejan de una normalización artificial.
-Todas las lenguas codificadas pueden resultar en un primer momento artificiales para los hablantes, acostumbrados sólo a los usos espontáneos y orales. Eso lo sabe cualquier aprendiz de lingüista, pero ello no supone ningún obstáculo si hay una firme decisión de llevar a cabo una normalización social de la lengua que sea, al mismo tiempo, respetuosa con las variantes.
-El informe insiste en que la llingua es «socialmente discutida», aunque la realidad de estos veinticinco años es que la polémica que genera está circunscrita al ámbito político y a un sector universitario y cultural. Pero, ¿no cree que el ciudadano la defiende con poca convicción?
-Como usted bien dice, la polémica se circunscribe al ámbito político y, en su momento, a un sector universitario, afortunadamente cada vez más minoritario y aislado. De triste recuerdo es el llamado «Manifiesto de sensatos y pensantes», a cuyos inspiradores estaban muy unidos algunos de los integrantes del Consejo Consultivo. La conciencia lingüística de los asturianos lo que necesita es una articulación social, que algunos sectores minoritarios combaten con una ferocidad inexplicable. No es cierto que la sociedad asturiana no reivindique los derechos lingüísticos y la oficialidad. Ahí están los miles y miles de asturianos que a lo largo de estos años se manifestaron en las calles reclamando el reconocimiento de este derecho. La reivindicación está viva y se hace además, y afortunadamente, de modo pacífico y buscando el consenso. Esto deberían valorarlo muy positivamente los políticos.
-El Consejo afirma que los costes económicos, administrativos y sociales que acarrearía la cooficialidad tal vez no la justifiquen, sobre todo si su nivel de implantación es bajo o parcial. ¿Quién ampara entonces a los hablantes de la llingua?
-Esa afirmación es una falacia que utiliza habitualmente quien no asume el ejercicio de uno de los derechos humanos más importantes, como es el del empleo del propio idioma. Por otro lado, el coste económico al que se refiere constituiría, dentro de los presupuestos de Principado, una cantidad muy pequeña. Insistir en el argumento del coste es una cortina de humo que no puede soslayar el hecho de que las comunidades que defienden su lengua y su cultura son justamente aquellas que presentan los mejores indicadores económicos del Estado: Valencia, Navarra, Baleares... por no citar el caso más próximo a nosotros, Galicia. Sólo esto debería hacerlos reflexionar. Nosotros sí tenemos hecho un estudio de lo que representaría económicamente la oficialidad. Y éste ni siquiera llegaría al 0,3% de los presupuestos generales de nuestra comunidad.
-El hecho de que dos de los firmantes, Bernardo Fernández y Juan Luis Rodríguez Vigil, sean políticos socialistas que se han declarado en reiteradas ocasiones contra la oficialidad del asturiano, ¿resta credibilidad al contenido del informe?
-Evidentemente. Son bien conocidas sus posturas en este sentido, así como los fundamentos jurídicos en los que pretenden sustentarlas. Lo que hasta ahora desconocíamos es que fueran expertos lingüistas, sociolingüistas, sociólogos y hasta antropólogos.

LA NUEVA ESPAÑA (4/07/06)

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